España firma el ACTA

La Unión Europea y 22 de sus estados miembros, entre ellos España, han firmado hoy en Japón el tratado ACTA, un acuerdo comercial para combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Sus promotores recuerdan que, pese a que muchos detractores del tratado están tergiversando su contenido, ACTA no permitirá exigir el bloqueo de sitios web, tener un impacto adverso en el acceso o el uso de internet ni limitar el acceso a la cultura y la información. Tampoco “limitar, restringir o menoscabar los derechos fundamentales, las libertades o las libertades civiles;tipificar como delito las actividades no comerciales de los individuos; ni crear obstáculos al comercio legítimo o frenar la innovación”.

El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) es un tratado que fue suscrito el año pasado por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, además de Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor. Hoy ha sido firmado en Japón por la Unión Europea y 22 de sus estados miembros, entre ellos España. En Europa, Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, en los casos de Chipre, Estonia y Eslovaquia se trata de un simple retraso por razones de procedimiento.

“ACTA ayudará a proteger a los creadores y a los innovadores europeos, a crear y preservar millones de empleos en Europa y a impulsar la recuperación económica europea mediante la competitividad y el crecimiento. También proporcionará importantes beneficios para los ciudadanos europeos más allá del actual marco internacional al fomentar el comercio internacional, promover la innovación, la creatividad, el avance tecnológico y la inversión, dando a los creadores europeos y a las empresas de exportación de todos los tamaños de la confianza para desarrollar sus productos sin el temor generalizado de la falsificación y la piratería. Se trata, en suma, de animar a las empresas a tomar riesgos y de atraer la inversión para el desarrollo de nuevos productos y servicios, además de proteger la salud y la seguridad de los consumidores europeos”, recuerdan los impulsores del acuerdo.

El tratado ACTA ha sido negociado por 37 países y la Unión Europea (que representan más del 50% del comercio mundial) para mejorar en la comunidad internacional el marco de la lucha contra la falsificación y la piratería. La innovación, creatividad, calidad y exclusividad de marca son algunas de las principales ventajas competitivas de la UE en el mercado mundial: “Las infracciones generalizadas de los derechos de propiedad intelectual (DPI) debilitan el comercio legal, la competitividad de la Unión Europea y el empleo. La Unión Europea y sus empresas de cualquier tamaño necesitan herramientas apropiadas para garantizar que en Europa los derechos de propiedad intelectual se apliquen efectivamente en sus principales mercados de exportación para así poder mantener su competitividad y el empleo en este momento crítico”.

Algunas de las críticas más duras contra el ACTA -añaden- se han basado en interpretaciones distorsionadas del texto del acuerdo. Como todos los acuerdos internacionales, el ACTA debe interpretarse de conformidad con los principios fundamentales de interpretación de los tratados establecidos en el Artículo 31 (1) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.

Así, pese a que sus detractores llevan meses tergiversando su contenido y consecuencias, los promotores de ACTA recuerdan que no podrá: requerir cambios en el cuerpo legislativo de la UE; limitar, restringir o menoscabar los derechos fundamentales, las libertades o las libertades civiles;tipificar como delito las actividades no comerciales de los individuos; crear obstáculos al comercio legítimo o frenar la innovación; afectar al comercio legítimo de medicamentos genéricos o de acceso a los medicamentos; ordenar a los gobiernos que obliguen a los ISP a cerrar conexiones de los usuarios de internet; exigir a las autoridades fronterizas que registren el equipaje de los viajeros o sus dispositivos personales buscando materiales infractores; exigir el bloqueo de sitios web; tener un impacto adverso en el acceso o el uso de internet; ni limitar el acceso a la cultura y la información.

“La posibilidad de que ACTA dote a la Unión Europea y a sus gobiernos de un marco para proteger eficazmente a los consumidores y las economías nacionales contra la falsificación y la piratería plenamente efectivo debería ser apoyada por todo el mundo“, concluyen.

Fuente: Ibercrea